- Tratar hoy la espinosa cuestión de la ética en los mercados resulta casi paradójico y
obligado a un tiempo. Paradójico, porque en la idea de ética (y no digamos la noción de
moral) parece encerrarse la antítesis de los propósitos del mercado, concebido como
espacio de encuentro de oferentes y demandantes, naturalmente ávidos de maximizar su
beneficio. Y en los mercados de capitales aún parece esta afirmación más exacta,
considerando la tradición de las Bolsas y otros centros de contratación de valores como
reducto de la especulación más despiadada.
- La actualidad del tema no puede ponerse en tela de juicio, cuando recientemente en
España y en el ámbito mundial se han disparado durante 2001 y 2002 todas las alarmas
sociales y políticas. En el caso español, sobre todo, con ocasión del tristemente
famoso affaire Gescartera, en la picota de la actualidad mediática del verano y otoño de
2001 casi ininterrumpidamente. Y, en el plano internacional, con la quiebra de algunas
empresas, como Worldcom, y especialmente, con la bancarrota del energy broker ENRON, que
ha arruinado o perjudicado seriamente el patrimonio no sólo de cientos de empresarios y
trabajadores, sino el de millones de inversores en todo el mundo. Pero no es necesaria la
quiebra o la expulsión del mercado de una empresa para arruinar a un inversor; el mercado
de capitales posee esa «virtud» sin necesidad de llegar a este extremo. Se calcula, por
ejemplo, que en España unos ocho millones de personas (el 20% de la población) se
encuentran comprometidos por serias pérdidas emanadas del crash bursátil (octubre
2000-octubre de 2002), la mitad de los cuales ha sufrido el efecto de la caída de la
tecnológica TERRA (y de ahí que se hable irónicamente de «enterrados» para designar a
los perjudicados).
- En este contexto de enriquecimiento de algunos iniciados o «insiders» (por ejemplo,
administradores desleales de sociedades cotizadas, gestores y directivos que ejercen sus
cargos con manifiesto abuso de su posición informativa dominante, e «insider traders» y
manipuladores privados de los precios bursátiles de diversa condición), lo cierto es que
a la mayoría de los inversores burlados puede resultarles irónico, cuando no un
ejercicio de desaprensión, hablar de ética o de comportamientos ortodoxos en mercados
como los de capitales. Y, sin embargo, realizar ese ejercicio es tarea obligada, en la
medida en que resulta menester, en el estado actual de cosas, averiguar la fundamentación
ética del obrar cotidiano de quienes participan en el mercado o, si se prefiere, en los
mercados de valores, de una parte, y, de otra, en la medida en que el conocimiento de esos
fundamentos es condición indispensable para prevenir esas conductas, lograr una
legislación más racional y efectiva contra los abusos, fomentar políticas gubernativas
congruentes al respecto, reducir los conflictos de intereses entre los agentes sociales y
centros económicos involucrados y desarrollar mecanismos privados de prudencia o cautela
en el inversor medio.
- Una vez más cabría argüir aquello de «Nihil novum sub sole», cuando se recuerda que
la incandescencia de los problemas legales y políticos aparejados al control ético y
moral de la actividad del mercado de valores, tanto profesional como no profesional, se
remonta a los orígenes de las Bolsas de Comercio, allá por el segundo tercio del XVII,
cuando se organizaron centros de comercio de acciones y otros títulos-valor en Amberes y
Amsterdam, entre otras plazas históricas, para dar impulso nuevo a la circulación de la
riqueza mobiliaria y, en particular, facilitar el éxito de los proyectos empresariales de
mayor tamaño. Ahora bien, en el caso español, a diferencia, por ejemplo, del
estadounidense, donde se vivió una gran tensión social a consecuencia del «Wall Street
crash» en 1929, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la atención dispensada por los
profesionales, y aún por los estudiosos, al tejido ético y moral de la actividad del
mercado de valores ha sido más bien escasa hasta épocas recientes. Lo cual prueba que la
naturaleza de los problemas filosóficos y éticos (y, sobre todo, su dimensión social)
es hoy sensiblemente distinta de la que corresponde a las Bolsas que heredamos de la
tradición financiera moderna del Norte de Europa y, en el plano legislativo, de los
códigos napoleónicos. Esto es así porque, de una parte, los emisores de valores se
encontraban tradicionalmente retraídos, tanto en España como en los demás países de
nuestro entorno, a la hora de suministrar datos relevantes al público ahorrador, cuya
condición de capitalista, naturalmente desinformado, parecía asumirse como consecuencia
natural del secreto profesional de industriales y banqueros. Y porque, de otra, los
propios emisores, ávidos de financiación a bajo coste, podían encontrar fondos
bastantes recurriendo al mercado crediticio, al margen de las Bolsas, restringiendo
considerablemente el flujo de información relativa a sus estrategias de negocio, sus
operaciones y sus expectativas de crecimiento en los mercados de bienes y servicios.
- El desarrollo de una nueva sensibilidad social hacia la difusión pública de la
información vital para los inversores, el triunfo normativo del paradigma de la
transparencia y el incremento de los controles administrativos y parlamentarios sobre la
actividad mercantil y sobre la tributación y la contabilidad de las sociedades han
propiciado un caldo de cultivo para la nueva regulación sobre las conductas específicas
de los propios emisores, a la hora de situar sus ofertas de títulos en el mercado y
también a la hora de actualizar los datos sobre sus expectativas de futuro, esenciales
para la formación de los precios en el mercado secundario. De otra parte, los inversores
han recurrido, en los últimos años de forma masiva, al mercado de capitales para colocar
sus excedentes moneratios. Esta suerte de socialización de las inversiones en el mercado
de valores viene de la mano de un considerable incremento de lo que se ha dado en llamar
«cultura financiera popular», así como de la concienciación sobre la necesidad de
consumir productos financieros con vistas a consolidar las rentas futuras, especialmente a
través de fondos de inversión y de pensiones. Productos éstos cuya expansión durante
la última década del siglo precedente ha potenciado, a su vez, el crecimiento de la
participación directa del público en las Bolsas especialmente, en detrimento de los
modos clásicos de ahorro bancario.
- La mayor sofisticación de los inversores plantea hoy cuestiones éticas de hondo
calado, como las referentes a la eventual necesidad de separar o segmentar la normativa de
control aplicable según los ahorradores, o la conveniencia de informar debidamente al
inversor sobre las estrategias empresariales como medio necesario (aunque no siempre
suficiente) para conseguir la debida transparencia. Pero donde radica el núcleo de los
debates políticos, sociológicos y morales en torno a los comportamientos producidos en
el mercado de capitales es, sin duda, en el terreno de la actividad de los profesionales,
esto es, de los intermediarios o mediadores («brokers»), que actúan entre sujetos
financiadores (inversores) y financiados (emisores). La legislación comunitaria en vigor,
con plena conciencia de su profesionalidad y de la necesidad de unos controles públicos
adecuados y eficaces, llama a los mediadores «empresas de servicios de inversión»,
expresión mucho más certera que la abreviada «empresas de inversión», al uso por
algunos mass media, por cuanto ésta olvida el carácter de servicio que prestan los
mediadores y gestores de carteras, y porque, además, puede inducir a una indeseable
confusión entre intermediarios e inversores (las empresas de inversión son inversores a
su vez), e incluso, en el seno de este último grupo, entre inversores pequeños e
inversores sofisticados. Muchos de éstos son, precisamente, las empresas a las que
propiamente debe calificarse como de servicios, por cuanto las operaciones que realizan en
el mercado profesionalmente sirven, en última instancia, a los intereses de los
protagonistas finales del mercado, empresas financiadas y ahorradores financiadores,
especialmente familias.
- La gama de cuestiones éticas sobre la intermediación profesional debe extenderse hoy a
la actividad de las llamadas «Gestoras de Cartera» (antes de Patrimonios), que han
aparecido junto a los clásicos «brokers» o comisionistas (hoy Sociedades y Agencias de
Valores). La actividad de estas Gestoras, como la de las llamadas «Gestoras de Fondos»,
debe ser, en ciertos aspectos, precisamente derivados de la naturaleza de su actividad de
asesoramiento e información a los clientes, mucho más ética que la de un simple
intermediario de compra o de venta.
- Tampoco debe permanecer ajeno al observador de los mercados la circunstancia de que la
bancarización del mercado de valores, sistema por cuya virtud se permite a las entidades
de crédito tradicionales acceder directamente a la prestación de servicios de inversión
si cumplen ciertas condiciones, modula la cultura y el estilo de comportamiento de los
intermediarios de mayor tamaño, derivándolos hacia las formas y procedimientos usuales
en la Banca, lo que permite un análisis separado o sesgado, incluso, de la actuación
propia de las empresas de inversión bancarias y no bancarias. En el seno de éstas es
quizá donde se están cometiendo mayores abusos e irregularidades, a las que el
legislador y las autoridades de supervisión no pueden permanecer ajenos. Baste recordar
que GESCARTERA, primero Gestora de Carteras y después Agencia de Valores, representa un
auténtico compendio de comportamientos antijurídicos y antiéticos. Y así otros tantos
«chiringuitos» financieros. Lo cual no supone que de la Banca tradicional estén
ausentes las actuaciones fraudulentas; baste recordar crisis como las de BANESTO en
España, SUMITOMO en Japón, o BANK OF AMERICA y SECURITY PACIFIC en Estados Unidos. El
debate general en torno a la ética del mercado de valores o capitales se expande así
hacia el terreno del debate global sobre otros mercados financieros, incluyendo los de
seguros, los de fondos de inversión y los monetarios y de divisas.
Resumen. Este Curso se propone el estudio sistemático de las cuestiones éticas
que afectan al funcionamiento de las instituciones y al comportamiento personal de
profesionales y particulares que acuden a él a realizar sus transacciones. Para lograrlo,
será imprescindible un estudio suficiente de aquellas instituciones (mercados, sujetos de
mercado, valores y servicios de inversión; véase más abajo, módulo I), y de sus
presupuestos conceptuales (transparencia, eficiencia; véase módulo II). Desde una
perspectiva absolutamente práctica se examinan los atentados contra la transparencia y la
eficiencia, y, en definitiva, contra la integridad en el mercado (módulo III), antes de
abordar el análisis propiamente filosófico del mercado, en sus vertientes general y
aplicada (módulos IV y V), para concluir con algunos temas de cierre a modo de síntesis
final (módulo VI). |
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA